Revolution Banking SP 2016

Adaptación a SEPA: ¿Necesidad u oportunidad?

By on 13 octubre, 2014
Javier Fernández_CMC

CMC_GrupoA partir del 1 de febrero de 2014, todas las transferencias y domiciliaciones bancarias que se realicen en España y el resto de los países miembros de la Unión Europea, serán bajo los estándares y normas SEPA (Single Euro Payments Area).

Los principales beneficios que se esperan de la implantación de una Zona Única de Pagos en Euros son:

  • El potencial desarrollo de innovaciones en el ámbito de los instrumentos de pago, que servirá de plataforma de despegue de otros servicios de valor añadido, como la facturación electrónica y los pagos a través del teléfono móvil o de Internet.
  • La desaparición de barreras para la ejecución de pagos internacionales.
  • La posibilidad de utilizar una sola cuenta bancaria para operaciones en euros dentro de la zona SEPA.
  • Una mayor protección para los usuarios de servicios de pago.
  • El uso de estándares comunes, que permite mejoras de eficiencia en los procesos de ejecución de pagos.

Las empresas que efectúan los cobros de sus servicios por medio de domiciliaciones bancarias deberán tener, a esa fecha, adaptados sus procesos para cumplir con esta normativa.

Los principales aspectos a tener en cuenta para la adaptación, son los siguientes:

  • El IBAN será el identificador único de cualquier cuenta de pago en SEPA, reemplazando a los actuales identificadores de cuenta nacionales (el CCC en el caso español).
  • Nuevo formato de intercambio de información entre las Empresas y las Entidades bancarias.
  • Adeudos Directos SEPA en fichero electrónico – Esquema básico (core): Serie normas y procedimientos bancarios Cuaderno Nº 19-14.
  • Adeudos Directos SEPA en fichero electrónico – Esquema B2B: Serie normas y procedimientos bancarios Cuaderno Nº 19-44.

Creación de un mandato. El mandato es el medio por el que el deudor autoriza y consiente al acreedor a:

  • Iniciar los cobros mediante el cargo en la cuenta indicada por el deudor.
  • Autorizar a la entidad del deudor a cargar en su cuenta los adeudos presentados al cobro por la entidad bancaria del acreedor.

El mandato, que tendrá una referencia única, debe estar suscrito por el deudor como titular de la cuenta de cargo o persona en disposición de poder otorgado por éste, antes de iniciar el cobro de los adeudos.

Estas adaptaciones tendrán unos costes asociados de difícil recuperación, ya que no producirán cambios significativos en el aumento de los negocios ni el incremento de los márgenes de beneficio.

En la coyuntura económica actual, no parece que resulte atractivo para las empresas abordar estos cambios desde la óptica estricta del cumplimiento de la norma.

Por ello, las empresas que se encuentren obligadas a cumplir con esta normativa, podrían hacer de esta necesidad una virtud, reduciendo los costes de las adaptaciones mediante cambios tecnológicos que generen valor para el negocio y para sus clientes.

El enfoque que proponemos se basa en abordar los cambios de forma tal que, al finalizar os mismos, además de cumplir con los nuevos estándares y normas SEPA, las empresas estén en condiciones de aprovechar las ventajas que ofrece la economía digital.

Con el objetivo de presentar algunos ejemplos de posibles soluciones, analizaremos algunos aspectos relacionados con la recogida de firma para la creación de los mandatos:

Una de las características de la normativa SEPA es que, a partir del 1 de febrero de 2014, será obligatorio para las empresas recabar la firma de los clientes que contraten un servicio que será cobrado a través de un adeudo bancario.

Sin el consentimiento expreso del cliente con su firma, la empresa prestadora del servicio no podrá solicitar a ninguna entidad bancaria el cobro de sus recibos. Existen diferentes posibilidades para la obtención de la firma de los clientes:

  • Mediante la firma del mandato en papel.
  • Mediante la firma del mandato por medios electrónicos, a través de Internet y/o dispositivos móviles.

Por otra parte, SEPA establece que la información contenida en los mandatos, incluida las firmas, debe quedar almacenada en poder de la empresa acreedora mientras esté en vigor el periodo de reembolso, así como durante los plazos que establezca la Ley para la conservación de documentos una vez cancelado.

Frente a este panorama proponemos dos posibles alternativas para la adaptación a la normativa.

La primera está planteada bajo una perspectiva de minimizar los costes de adaptación y la segunda está orientada al aprovechamiento y posicionamiento a futuro que ofrece el entorno de la economía digital:

Digitalizar la información de los mandatos firmados sobre papel, desmaterializándolos -trasladándolos a formato electrónico- facilitando así su almacenamiento y control posterior.

La digitalización de los mandatos y su tratamiento unificado, puede realizarse en un módulo independiente conectado a los sistemas de información de la empresa, a través de capas de integración.

Con esta solución, se reducirían considerablemente el tiempo y los costes de adaptación para la recogida de firma de los mandatos, ya que los cambios en los procedimientos y sistemas de información serían mínimos.

Aprovechar los recursos de la economía digital, ofreciendo a los clientes la posibilidad de conformar el mandato a través de Internet o dispositivos móviles.
En esta solución se agilizarían los procedimientos de recogida de firmas, se reducirían costes administrativos, se eliminarían costes de insumos (papel, formularios) y costes de equipos (scanners para la digitalización de los documentos).

Esta alternativa tiene una interesante perspectiva de futuro en virtud del uso cada vez más intensivo de Internet y las tecnologías móviles, como smartphones y tablets. También puede ser una gran oportunidad para que las empresas comiencen la adaptación a la futura Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.  El anteproyecto de esta Ley se encuentra en trámite parlamentario desde el 19 de Abril de este año y establece un nuevo marco legal para los contratos a distancia, en particular para el comercio on line y telefónico.

En este sencillo ejemplo, podemos ver cómo una obligación en el cumplimiento de una normativa, en este caso comunitaria, puede convertirse en una oportunidad para que las empresas incorporen soluciones tecnológicas orientadas a la economía digital.

Javier Fernández, Director del Área de Digitalización y Movilidad, Grupo CMC

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